Clío

Temas de historia regional y local

lunes, 31 de marzo de 2008

¿CELEBRAR QUÉ?


Texto leído en la sesión solemne del día de la Federación
Concejo Municipal-Municipio Autónomo Falcón
Complejo Cultural Josefa Camejo
Pueblo Nuevo de Paraguaná. 20 de febrero de 2004



El concepto de guerra civil engloba muchos conflictos de diversa índole, como las guerras de independencia, las guerras de secesión y las originadas en rivalidades étnicas post-coloniales –como ha sucedido en muchos países africanos-, por sólo citar algunas.
La guerra Federal, también llamada «guerra larga», que vivió Venezuela entre 1859 y 1863 fue producto de un conflicto social prolongado, donde grandes masas de población vivían en el déficit económico, social y político, contrastando con grupos de poder divididos en dos grandes tendencias políticas: liberales y conservadores, cuyas rivalidades internas estimularon el conflicto progresivo.
El concepto de federación se incrusta en la realidad venezolana desde el año 1811. Tomado de los constitucionalistas estadounidenses, este concepto ha marcado la dinámica política y administrativa de nuestro país desde el siglo XIX y hasta el XXI. Bajo ideas y lemas asociados a la federación se redactó la constitución de 1811, primera en el mundo hispánico que se definió como federal. Bajo una mixtura de Estados Unidos -federalista- y Francia -centralista-, la constitución de 1811 postuló la soberanía popular, la igualdad de los hombres ante la ley, la división de poderes, la república como forma de gobierno, la abolición de castas y privilegios, el sufragio popular y los derechos del hombre y del ciudadano, entre otros. El concepto de Estado federal enfrentó a Bolívar con quienes, al final, escindieron a Venezuela de la Gran Colombia. Federación, figura a la cual se opuso Bolívar en 1812 en su «Manifiesto de Cartagena», en 1815 en la llamada «Carta de Jamaica», en 1819 en el «Discurso de Angostura», en carta a O´Leary el 13 de septiembre de 1829. Bajo la bandera federal Páez y Soublette argumentaron la separación de Venezuela de la Gran Colombia en la convención de Ocaña de 1828. También las constituciones de 1858 y 1864 se arroparon como federales. Bajo ideas y lemas asociados a la federación también se desató la guerra Federal, una de las guerras más largas de la historia venezolana, que destruyó el aparato productivo, consolidó el poder de grupos económicos establecidos y estrechó nexos con los grandes prestamistas internacionales, pero no trajo una mayor justicia social. Federales se declararon todos los gobiernos desde el fin de la guerra Federal y todavía comenzando el XX el centralista y autoritario Cipriano Castro iniciaba el desmantelamiento del federalismo decimonónico presentándose como «restaurador» de la causa liberal-federal.
Federales y caudillistas fueron los hermanos José Tadeo y José Gregorio Monagas. Obviamente, lo fueron todos los caudillos de la guerra Federal. Federal fue Antonio Guzmán Blanco -hábil manipulador de la pugna centro/estados- y también sus detractores. Entre 1869 y 1908 todos los presidentes se identificaron como liberales y federalistas, casi todos fueron depuestos o combatidos por su sucesor. Los caudillos que retaban a los presidentes federalistas también combatían por la federación. Federalista y liberal fue el Mocho Hernández, enfrentado a todos los liberales, y qué decir del banquero Antonio Matos, millonario y tan liberal que lideró la revolución Libertadora.
Para comprender por qué se desató la guerra Federal en un Estado que se calificaba de federal, y cuyo modelo económico fue, a partir de 1830, el liberalismo de la «escuela clásica» que establecía la no intervención del Estado en los negocios privados en medio de una sociedad agropecuaria y mono exportadora[1], es necesario atender al hecho de que la guerra de independencia destruyó la estructura de poder colonial, mas no la estructura económica basada en el latifundio y el esclavismo, cuyos beneficios se trasladaron a nuevos grupos. Como tendencia, los que hoy llamamos héroes, esos que en nuestros libros de texto figuran como próceres y grandes personajes, se asimilaron con comodidad -si no es que ya pertenecían y se mantenían- a algún grupo de poder. Las fuentes primarias -no la historia oficial- nos narra que José Antonio Páez, Rafael Urdaneta, Ezequiel Zamora y muchos otros compraban y vendían esclavos y/o tierras al mismo tiempo que hablaban de libertad e igualdad. Se nos olvida que en 1840, treinta años después de haberse iniciado la guerra de independencia y 24 después de la primera declaratoria de Bolívar contra la esclavitud, el gobierno paecista dictó un decreto para restringir la libertad de los hijos de esclavos favorecidos por la ley de manumisión de 1821. Liberales y conservadores, élite al fin, incumplían una y otra vez las promesas hechas a lo largo de casi medio siglo. Encontramos, pues, una estructura social integrada por terratenientes, comerciantes-prestamistas exportadores e importadores asociados al capital extranjero -la burguesía comercial-, donde se insertan militares enriquecidos gracias a los «haberes de guerra», cuyas apetencias de poder económico se trasvasan a estos dos grupos antes mencionados. Tenemos además militares burocratizados y políticos de oficio. En el otro extremo una masa campesina con relaciones de explotación donde convivieron en una primera etapa esclavos y manumisos, a partir de 1854 los otrora esclavos y manumisos, antes y después bajo condiciones de extrema explotación y pobreza; peones asalariados bajo la férula de la ley de contratos de 10 de abril de 1834 y un artesanado pobre. Esto por lo que toca al orden social y económico. En términos político-administrativos, la estructura colonial capitán general-intendente y real consulado-audiencia-ayuntamiento desaparece para dar paso a las llamadas provincias federales, cuya soberanía fue escamoteada tanto por los caudillos locales y regionales como por los factores de poder central.
El bloque en el poder terratenientes-comerciantes se escinde en 1840, anunciando el fracaso del modelo económico liberal en Venezuela. Las causas fueron la crisis de la mono exportación, la elevada dependencia externa y el descontento de los productores agrícolas que, exhaustos tras sucesivas oscilaciones del mercado del café y del cacao, se enfrentaron al gobierno debido a la política económica. Ahogados por diversas leyes de crédito, destacando la Ley de Libertad de Contratos de 1834, que los puso en manos de la burguesía comercial, y negadas las medidas legislativas que protegieran al sector agrícola, el movimiento de oposición fue in crescendo hasta llevar a la formación del partido liberal venezolano, que asume con fuerza la bandera federal.
No fue este partido producto de una convicción ideológica, ni de la búsqueda de un cambio cualitativo en las relaciones económicas o sociales. Fue la forma en que, de manera oportunista, un segmento de la clase dominante asumió un discurso político demagógico para enfrentar a sus opuestos, los llamados conservadores o godos, manipulando a las masas empobrecidas de siempre y dando espacio a la manifestación de su pugna con la burguesía comercial. De manera coyuntural, campesinos, peones y dueños de tierras se vieron arropados bajo un mismo discurso que no emanó de un consenso político ni de la reflexión teórica. Ese discurso, progresivamente radicalizado en la medida que los líderes del partido variaron, fue el de la federación, que ya Venezuela conocía desde comienzos de la gesta de independencia.
La federación venezolana fue la expresión de un liberalismo radical que ofertó a las masas relaciones de paridad, no de subordinación, tras conceptos como libertad y expresiones como «tierra y hombres libres», que acompañara el movimiento campesino de 1846, prolegómeno del estallido bélico de 1859, donde emergerían otras frases como: «La federación es el gobierno de todos. La federación es el gobierno de los libres».[2] Quedaron así, pues, definidas dos grandes fuerzas económicas y sociales que terminarían enfrentadas en lo político: la burguesía comercial, arrolladora en su expansión capitalista, y la atrasada burguesía de la tierra, atada al latifundismo y la explotación extrema de la mano de obra sin aplicación de tecnología a su actividad económica, pero reforzada por un discurso y una oferta de justicia social que atrajo a los desposeídos de siempre y que al final no vieron mejorar sus condiciones de vida.
Tras sucesivos gobiernos que inclinaron la balanza hacia uno u otro núcleo de poder, se llega al deterioro extremo con las presidencias de los Monagas, donde el nepotismo, la corrupción administrativa y la concentración de la riqueza alcanzan grados máximos. Estalló una guerra de cinco años que no trajo ni el fin de las oligarquías ni la justicia social para los desposeídos, pero sí la destrucción de la infraestructura del país y y una cifra que oscila entre 60 y 100.000 muertos, un número elevado para una nación con apenas millón y medio de habitantes. Plasmados en el papel quedaron el respeto a los derechos y garantías ciudadanas, la abolición de la pena de muerte, la libertad de instrucción, el derecho al sufragio, la autonomía de los estados, una nueva legislación civil y criminal y la garantía al derecho de propiedad, entre otros muchos propósitos. En la práctica los líderes fueron inferiores a esos propósitos y la masa careció de claridad en sus objetivos. Y es que la propuesta federal de mediados del siglo XIX era, más que un proyecto congruente, una distorsión generada al calor de la pugnacidad y la tensa paz entre liberales y conservadores en el periodo 1830-1858. El concepto federal fue un pretexto demagógico, así lo dijo el mismo Antonio Leocadio Guzmán en un párrafo que ha quedado como clásico de la historia venezolana: «Yo no sé de dónde han sacado que el pueblo venezolano le tenga amor a la Federación, cuando no se sabe ni lo que esta palabra significa; esa idea salió de mí y de otros que nos dijimos: supuesto que toda revolución necesita bandera, ya que la Convención de Valencia no quiso bautizar la constitución con el nombre de Federal, invoquemos nosotros esa idea; porque si los contrarios hubieran dicho Federación, nosotros habríamos dicho Centralismo...».[3]
El país seguía -y siguió hasta la dictadura gomecista- sujeto a las apetencias e intereses de los caudillos regionales y locales, y cada masa obedecía a su pequeño líder, en una atomización que el distorsionado proyecto federal venezolano no pudo orquestar, y que habilidosamente Guzmán Blanco logró manejar a través de dos elementos: consensos directos con los caudillos que le garantizaron una federación nominal y el control real de los «federados» y por otra parte el situado constitucional, que vino a ser, finalmente, una forma de control del centro sobre los estados, un mecanismo utilizado cotidianamente en Venezuela para minimizar la autonomía de los estados y municipios.
Las consecuencias de la desastrosa guerra civil que vivió Venezuela entre 1859 y 1863 fueron la fragmentación del poder, con el surgimiento de más caudillos locales, dando paso posteriormente al federalismo centralizado de Antonio Guzmán Blanco, mas no a la desaparición del caudillismo, que tomó nuevos derroteros. Serios daños al aparato productivo expresados en la desaparición del mercado nacional, dada la interrupción del tráfico interno y la crisis del sector agrícola, donde de hecho se retrocedió a la economía de autoconsumo. Por otra parte, cesó o se contrajo la acumulación de capital al no haber excedente económico, circunstancia que aprovechó el capital extranjero para penetrar con mayor fuerza en el país.
Irónicamente, los resultados más importantes de la guerra Federal fueron:
1.- El aumento del poder de la impugnada burguesía comercial, controlando -igual que antes- el comercio exterior y el préstamo a particulares -uno de los detonantes de la guerra-, a lo cual se agregaron los estrechos nexos económicos con el Estado venezolano a partir de negocios como contratista.
2.- La profundización del sometimiento a las grandes potencias, las menos interesadas en beneficios para las masas que tanto había manipulado el discurso federalista. Esto se dio a través de nuevos empréstitos con países como Inglaterra, apenas terminada la guerra, en 1864. Antonio Guzmán Blanco se encargó de crear esta red de contactos y préstamos, mismos que se incrementarían durante el último cuarto del siglo XIX hasta desembocar en la crisis internacional del año 1902.[4]
Para los pobres no hubo tierra, para los pobres no hubo fin de las oligarquías, para los pobres sólo hubo una profunda catarsis bélica que duró cinco años y los dejó con el machete y la bandera amarilla en unas manos que quedaron como al principio: vacías. Atrás quedaron las asambleas abiertas y las proclamas al pueblo. Como fuera, los grupos económicamente dominantes habían llegado un acuerdo, representado en el Convenio de Coche, firmado el 22 de mayo de 1863 por Páez y Falcón. Las insurreccionadas masas campesinas ya no hacían falta. Los líderes desaparecieron, la llamarada discursiva se tornó en leyes y decretos que todo lo ofrecieron y nada concretaron.
Venezuela nació como una propuesta de Estado federal descentralizado clásico, una serie de estados que voluntariamente aceptaron traspasar parte de sus competencias a un Estado central. En la realidad, lo que ha funcionado es un Estado federal centralizado con logros mermados. Venezuela funciona hasta hoy como un Estado federal regional centralizado que escasamente ha transferido a los estados algunas funciones políticas y administrativas. Es habitual la dependencia del situado constitucional y el uso de la maniobra política y financiera del centro contra las regiones, estados y municipios. Coliden las funciones transferidas con las de organismos del poder central. La autonomía –basamento de las estructuras municipales- es un hecho administrativo, no constitucional. No han logrado comprender las regiones, estados y municipios –pero sí el poder central- que la dinámica federal es una dinámica de conflicto donde hay dos estructuras: una central y otra autonómica o periférica, donde cada poder tratará inevitablemente de fortalecerse frente al otro, y en el caso venezolano ha llevado las de ganar, siempre, el poder central. Como bien lo ha expuesto Elías Pino Iturrieta: «La centralización es el rasgo dominante de Venezuela contemporánea. Hoy un solo núcleo dirige la vida de los ciudadanos. Alrededor de un elenco selecto giran los partidos, la administración pública, el ejército, los negocios de los particulares y la vida cotidiana».[5]
La actual constitución tiene como fundamento un modelo federal descentralizado, modificado para ajustarlo a lo que se considera la especificidad nacional -en este sentido sigue la misma pauta de la constitución de 1961-, y quedó plasmado en su artículo Nº 4, el cual dice: «La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad». La realidad indica que esa descentralización es hasta hoy sólo una intención constitucional.
Más allá de los papeles membretados, los sellos húmedos, los himnos y las banderas estadales, las puntuales ofrendas a los llamados héroes, y textos como el que hoy leo en este recinto, los invito a no olvidar que la guerra Federal en modo alguno fue una gesta heroica, sino una cruenta guerra civil que destruyó a Venezuela, y el ideal clásico de un Estado federal descentralizado ha sido en la práctica una entelequia utilizada de manera oportunista a lo largo de nuestra historia por tirios y troyanos ávidos de poder.
Nuestra Constitución obliga a avanzar sobre una estructura federal descentralizada, pero es necesario advertir que nada se logrará, por muy adaptada que sea la propuesta a las especificidades del país, mientras persista un diálogo de sordos en el cual el poder central niegue, condicione o limite los poderes de los estados; mientras los estados no den cuerpo a sus funciones constitucionales más allá de pomposos y decorativos textos de constituciones estadales, mientras los ejecutivos regionales irrespeten y coercionen las autonomías municipales, y mientras en los municipios no se haga conciencia de que el ejercicio de la autonomía y la posibilidad de manejar una propuesta federal pasa por:
- Separar con claridad las atribuciones de las distintas autoridades municipales, eliminando el manejo discrecional del poder municipal.
- Lograr la autonomía administrativa para evitar las presiones e injerencias externas.
- Lograr la autonomía financiera creando fuentes propias de ingreso al municipio, sin recurrir a la dependencia viciosa del situado constitucional.
- Una clara definición de las atribuciones del municipio en áreas clave como salud, educación, policía municipal, medio ambiente, vivienda, entre otras; para el logro de una profunda justicia social.
- Integrar a la ciudadanía organizada en la formulación de políticas, gestión de servicios, programas de interés comunitario, entre otros.

Cuando hayamos logrado esto, será un placer venir con ustedes a celebrar los avances en el logro del ideal federal.

[1] Catalina Banko. El Capital Comercial en Venezuela. En: http://unm.edu/econ/content/ecosoc/1998/april/capital.html (13-02-2004).
[2] Proclama de Tirso Salaverría en Coro, el 20 de febrero de 1859.
[3] J. A. Cova. «La influencia de la guerra federal en la vida social venezolana». Artículo en Boletín de la Academia Nacional de la Historia. Nº 188, octubre-diciembre de 1964, p. 504.
[4] Catalina Banko. El Capital Comercial en Venezuela. En: http://unm.edu/econ/content/ecosoc/1998/april/capital.html (13-02-2004).
[5] Elías Pino Iturrieta. Rasgos y límites de la restauración liberal. En «Cipriano Castro y su época», Monte Ávila editores. Caracas, 1991, p. 17.